“Si se cumple MiFiD II habrá una gran limpia en las gestoras, y eso pasa por multar al que no siga la ley”

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A pesar de que con la nueva normativa MiFID II “se refuerza la protección al inversor, regulando, entre otros, el asesoramiento en la comercialización de productos financieros y sus incentivos”, para Concepción Fernández, Head of Risk and Research en 360 Fund Insight, la regulación europea debería haber definido en mayor detalle los riesgos reales para el cliente. Con todo, si se cumplen en el entorno comunitario los criterios recogidos en el texto legal, “habrá una gran limpia en las gestoras, ya que se comenzará a multar con dureza a aquellas que no sigan la ley”, ha asegurado.

Fernández presentó en Analistas Financieros Internacionales (AFI) las novedades en relación con la toma de decisiones en el proceso de emisión de recomendaciones o de gestión de carteras, identificando tres aspectos fundamentales: “la evaluación sobre si existen instrumentos financieros equivalentes pueden ajustarse al perfil del cliente, teniendo en cuenta el coste y la complejidad de los productos; la adopción de políticas y procedimientos para que las decisiones se documenten; y la obligación de realizar un análisis coste-beneficio cuando las entidades se planteen cambios de inversiones”.

Requisitos de idoneidad

Concepción Fernández ha trabajado en las principales entidades financieras del mercado como Bankia, CaixaBank o Ahorro Corporación y en instituciones de la talla del Banco de España, donde gestionaba las reservas estratégicas y las reservas por cuenta del BCE. También, participó en los programas de compras de política monetaria no convencional, logrando de todo ello una amplia experiencia en materia de asesoramiento a inversores y un extenso conocimiento del sector financiero y de la gestión del sector público. Por ello, en su opinión, a pesar de las “enormes virtudes” de la Directiva MiFID de 2004, el regulador europeo aprendió que “había que definir con claridad cómo realizar la segmentación de los clientes para comercializar productos de riesgos, como, por ejemplo, las preferentes”. Algo que la crisis financiera global terminó por subrayar, poniendo de manifiesto “el fracaso de la norma en su intento de proteger al inversor”.

Esta experiencia negativa sirvió, según Fernández, para que en 2014 durante la deliberación acerca de la futura MiFID II, “se incidiera especialmente en el asesoramiento en la comercialización de productos financieros y sus incentivos, obligando a dar más información a los clientes así como nuevos requerimientos sobre la best execution del proceso”. Todo ello tuvo su traslación en las directrices sobre los requisitos de idoneidad presentados por ESMA en 2018.

Fernández ha concluido explicando los beneficios que esta nueva regulación genera para el sector financiero que van desde “la reducción o eliminación del riesgo regulatorio, así como del riesgo reputacional, el aumento de la competitividad y el ahorro de costes que supone”. Tanto ha sido el afán del regulador en asegurar la protección del inversor, que “si para las gestoras hasta ahora lo más difícil era encontrar clientes; desde MiFID II será encontrarles productos idóneos cumpliendo con los requisitos legales establecidos”, ha afirmado.

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