Cuando todo parecía prácticamente cerrado, aun sin culminar totalmente la transposición de la directiva, se ha abierto una nueva puerta para introducir modificaciones en la adaptación de MiFID II a la normativa española. Así lo ha señalado Gloria Hernández, socia de Finreg360, durante su intervención en EfpaCongress 2018.
El gran retraso que acumulaba el proceso de transposición de la directiva llevó al Gobierno a resolverlo mediante un Real Decreto. Sin embargo, decide que se tramite como ley, “lo cual abre de nuevo la posibilidad de presentar enmiendas y, por tanto, de introducir cambios; aunque podemos suponer que no habrá grandes modificaciones, la posibilidad existe”, asegura Gloria Hernández.
Por otra parte, señala que, a efectos prácticos, el cumplimiento de MiFID II es exigible desde el pasado mes de enero y, de hecho, la CNMV realizó inspecciones durante el primer trimestre y ya cuenta con capacidad sancionadora. No obstante, considera que “nunca será una norma estática, porque según vayan haciendo movimientos las entidades el resto reaccionarán; será una normativa dinámica”.
Entre las incóginitas que surgen cita la del requisito de “aumentar la calidad del servicio al cliente” para poder cobrar retrocesiones. En principio, se contaba con una lista cerrada de cosas que cumplir, pero podría quedarse en una en una exigencia abierta en la que, de forma genérica, el consumidor tenga que percibir alguna mejora y la entidad pueda justificarlo con algún servicio extra.
Desde el punto de vista de las entidades, MiFID II no solo ha supuesto un gran esfuerzo en formación para sus empleados, sino que “también ha cambiado los procesos internos y la relación con los clientes”, afirma Bárbara Rosina, directora de Banca Personal de Abanca. Considera que el impacto ha sido importante y que, inicalmente, generó desconcierto y confusión en la red de oficinas, pero cree que “ha sido positivo para el cliente, porque se le proporciona mayor protección y un mejor servicio”.