“Para conseguir un consumidor bien informado no hay que abrumar al operador con obligaciones de información”
La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ha señalado los efectos contraproducentes que puede tener en el mercado la sobrerregulación. En su intervención en la jornada organizada por Seaida sobre Solvencia II, ha afirmado que «acumular normas no necesariamente significa mejorar la regulación. Hay una diferencia esencial entre regular mucho y regular bien que resulta crítica para actividades tan competitivas y dinámicas como son las financieras. Lamentablemente, en materia de transparencia todavía hay demasiados actores que consideran que lo que hay que hacer para que el consumidor esté bien informado es abrumar a los operadores con obligaciones de información. De esta manera, en los últimos años se ha creado una maraña de normas diversas, entre las cuales podemos contar la LOSSEAR y el ROSSEAR, pero también la normativa sobre PRIIPS, las diferentes generaciones de la MiFID, la propia ley de contrato, la directiva de distribución, la legislación sobre ventas a distancia, sobre comercio electrónico, y la futura reforma de la directiva de fondos de pensiones de empleo«. Considera que todas ellas contienen exigencias de transparencia que, en muchas ocasiones, «se solapan unas a otras».
Por un test previo de idoneidad
Por esta razón, desde Unespa han lanzado una propuesta para que, antes de introducir este tipo de obligaciones, se realice un test de idoneidad sobre el terreno verificando que la información que se pretende regular «es realmente necesaria y que, además, es comprendida por los receptores».
En su defensa de la racionalización de la normativa, González de Frutos opina que, en materia de transparencia, «hace falta un trabajo mitad jurídico, mitad de educación financiera. Es necesario concretar lo que el cliente debe saber y lo que el cliente de verdad comprende; una vez hecho esto, hay que elaborar una codificación jurídica de las obligaciones que las convierta en un esquema coherente, lo más simple posible y, consecuentemente, practicable».
En definitiva, pone sobre la mesa un problema que que afecta al buen funcionamiento del mercado, pues señala que «nuestra normativa sigue conservando un buen número de normas tuitivas que, con el tiempo, se han convertido en elementos problemáticos. En Unespa creemos, y no somos los únicos, que la legislación debe ser objeto de un proceso de revisión crítica, a la luz de su aplicación diaria, que permita desbastarla de elementos redundantes y rigideces excesivas«.
