Los lobbies europeos frenan la prohibición de las retrocesiones por la Comisión Europea

La sabiduría popular avisa que hasta el rabo todo es toro, pero lo cierto es que la presión de los lobbies europeos vinculados a la inversión colectiva, a la banca y a los seguros se están anotando algunas victorias parciales en el largo conflicto que mantienen con la Comisión Europea sobre las retrocesiones, los incentivos que las entidades pagan a los asesores financieros por la comercialización de determinados productos.

Por un lado, la Comisión Europea ha tenido que retrasar hasta el 24 de mayo, desde el 3 de mayo que figuraba en el calendario previsto, la publicación de la Estrategia de Inversión Minorista, en la que las retrocesiones juegan un papel tan protagonista como polémico. Bruselas considera que son culpables de buena parte de los conflictos de intereses en este mundo, perjudicando a los consumidores. Esto da más tiempo a los lobbies para hacer su trabajo.

Por otro, la Comisión Europea ha pasado de defender una prohibición total de las retrocesiones a matizar claramente esa eliminación. La comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuiness, principal promotora de ese veto, rectificaba y en un discurso del 27 de abril anunciaba que no habría una prohibición total de los incentivos, pero sí más exigencias de transparencia y requisitos más duros para aplicarlos.

Más tarde, la comisaria hablaba de una prohibición parcial y reconocía la oposición de algunos Estados, como Alemania, al veto total. Pero insistía en una regulación global de los servicios financieros y de inversión minorista que reduzca la máximo la posibilidad de conflictos de intereses que perjudicasen al consumidor. “Algunas firmas tendrán que repensar su modelo de negocio”, avisa, porque la Comisión Europea no renuncia a endurecer los requisitos para la aplicación de los incentivos y a imponer una mayor transparencia de los costes, para que el cliente pueda comparar mejor entre unas opciones y otras.

La Comisión Europea tiene claro que se prohibirán los incentivos “cuando no existe una relación de asesoramiento con un cliente”, como en el caso de las ejecuciones de órdenes, subraya Mairead McGuiness. La comisaria advierte: “Incluso si no proponemos una prohibición de todos los incentivos ahora, no significa barra libre para el sector financiero, porque habrá una cláusula de revisión que permitirá introducir una prohibición en una etapa posterior si fuera necesario”.

Esa posibilidad es la que tratan de acotar los lobbies, que toman nota de otras posturas dentro de Europa. Así, la presidenta de Eiopa, la Auotoridad Europea de Seguros y Pensiones, Petra Hielkema, elude el debate de las retrocesiones en su última visita a España, hablando de “relación calidad/precio” y de unas comisiones que tienen que ser “justas” y acordes con ésta.

Inverco suma fuerzas con Portugal e Italia

Dentro de esa labor de lobbie, Inverco une fuerzas con sus homólogos de Portugal e Italia, ya que son problemáticas muy similares. En España, el sistema mayoritario es el pago implícito, con un tercio en arquitectura abierta y el resto en gestión discrecional de carteras y asesoramiento. En este esquema, tanto el inversor como la entidad financiera “tienen libertad para elegir qué instrumentos financieros adquieren o distribuyen, a través de qué servicio de inversión y cómo pagan dicho servicio (modelo de pago explícito o implícito)”, por lo que una prohibición total o sustancial de las retrocesiones limitaría esa libertad de elección.

La Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) usa el argumento del miedo y agita el fantasma de lo que sucedió en Reino Unido o en Países Bajos con la supresión de las retrocesiones. Prácticamente el negocio de la gestión de activos en Portugal desaparecería si se implantara ese modelo.

“Un fondo de inversión tiene varios costes asociados. La comisión de gestión permite remunerar al equipo directivo por el trabajo que realiza. Pero también la distribución del fondo e incluso la selección de productos realizada por el distribuidor conllevan altos costes. Aquí es donde entran en juego las retrocesiones. Éstas permiten premiar la labor de distribución realizada por las distintas entidades”, alega, en una argumentación menos apocalíptica.

La Inverco portuguesa destaca también que el asesor financiero “quiere vender el fondo que genera más rentabilidad para el cliente”, ya que “la idea de vender el fondo con el que reciben más retrocesiones puede ser un error”.

Por su parte, Assoreti, la asociación de las redes distribución de los bancos en Italia, no tiene problema alguno en proclamar que “el asesoramiento con retrocesiones es un caso de éxito, que ha garantizado una democratización del servicio, asegurando la posibilidad de acceder al asesoramiento a todo tipo de inversores, incluso  a aquellos que no están dispuestos a pagar explícitamente una comisión”. Pero reconoce que hay que mostrar “de forma más clara al cliente la naturaleza de esos costes, y aplicarlos solo cuando estén justificados por la prestación de servicios que aporten de verdad valor añadido a éste, evitando recomendaciones inapropiadas y cobros injustificados”.

Otra de las instituciones más activas en la oposición al veto total a las retrocesiones es EFPA, que llegó a enviar una carta a la Comisión Europea reclamando que se retire esa prohibición de los incentivos de la propuesta del RIS para “seguir garantizando el acceso de los inversores a un asesoramiento de calidad”.

Recuerda que en el Reino Unido la prohibición de los incentivos ha provocado que “pequeños y medianos clientes queden excluidos del acceso a asesoramiento financiero profesional». Lo mismo ha sucedido en Países Bajos, donde «ha aumentado el recurso de asesoramiento independiente pero solamente para las grandes fortunas; mientas que, en conjunto, la inversión asesorada ha descendido, especialmente entre los clientes vulnerables».

Es el argumento más utilizado por los lobbies para convencer a la Comisión Europea: la prohibición total de incentivos es perjudicial para los inversores con patrimonios menos elevados, que son a los que el RIS quiere proteger.

EFPA dio un paso más y alentó la presentación, por parte de un diputado del PdeCat, de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para mantener el modelo de asesoramiento de MiFID II y de regulación del cobro de retrocesiones.

«No se trata de contraponer modelos de negocio (con o sin incentivos) sino de mejorar la calidad del asesoramiento, garantizando que los asesores cumplan unos requisitos mínimos en términos de conocimiento y competencia, y reforzando su deber de diligencia«, resalta el argumentario de EFPA, una asociación con mucho peso e influencia en Europa.

División total en Europa

Todo este debate empezó en octubre de 2022, cuando varios miembros del Parlamento Europeo propusieron modificaciones a MiFID II para prohibir los incentivos el asesoramiento financiero. Esta propuesta se recogió en la Retail Investment Strategy (RIS), que forma parte del proyecto de Unión del Mercados de Capitales (UMC), y con la que la Comisión Europea pretende elevar la calidad del asesoramiento en materia de inversión, a través de modificar la estructura de costes de los productos y la forma en que se determina la remuneración de los asesores financieros.

Y sigue la estela iniciada por el Reino Unido, que eliminó las retrocesiones en 2013 con la implantación de la Retail Distribution Review. Un año después, Países Bajos imponía una de las normas más restrictivas de Europa en materia de pago de incentivos en el ámbito financiero.

Pero dentro del Parlamento Europeo hay opiniones encontradas. Por un lado, los que opinan, como el alemán Markus Ferber, que una prohibición total de los incentivos prácticamente impediría «el acceso al asesoramiento financiero de personas con menor capacidad económica”, y pone el ejemplo del Reino Unido. Por cierto, que la comisaria Mairead McGuinness le envió una carta el 21 de diciembre de 2022 en la que argumentaba que una prohibición total es la única forma de proteger al inversor minorista, y “probablemente también aumentaría la innovación y la competencia en el sector, en beneficio tanto de los inversores minoristas como de la industria».

Mcguiness también defendió la prohibición total en su discurso de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios el 24 de enero. Como se ve, luego ha matizado sustancialmente sus postura al respecto.

El sector espera que la Comisión y el Parlamento Europeo cedan y renuncien a una prohibición total de los incentivos, implantando mayores requisitos de transparencia sobre lo que realmente paga un cliente cuando recibe un asesoramiento financiero. Hasta entonces, los lobbies seguirán haciendo su trabajo.