Los gestores de patrimonios, preocupados por la nueva Oficina de Control de Grandes Patrimonios

PSN

Uno de los mayores problemas que afronta el sector del asesoramiento patrimonial es el regulatorio, derivado de las numerosísimas normativas que están apareciendo en el sector financiero para controlar la actividad financiera. Todas estas normas derivan en un importante incremento de la burocracia de los gestores de patrimonio, que supone dedicar mucho más tiempo a labores administrativas y de compliance, en detrimento de sus tradicionales labores de búsqueda de inversiones adecuadas para sus cliente y actividades comerciales de captación de nuevos clientes.

Si el marco regulatorio es ya asfixiante para muchos gestores, la nueva realidad política de España añade una piedra más en el camino: La creación de la Oficina de Control de Personas Físicas con Grandes Patrimonios, que dependerá de la Agencia Tributaria.

La creación de la Oficina encara sus primeros pasos tras la reciente aprobación por la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados de esta iniciativa presentada por Ciudadanos, que fue apoyada por el PP.

La misión de esta nueva Oficina replicará las labores que realiza ya un departamento similar centrado en el control de las empresas.

Más de 50 millones

Aunque todavía no se ha fijado el nivel económico de las personas físicas a las que controlará, fuentes del mercado indican que posiblemente la Oficina se dirigirá en un primer momento a patrimonios mayores de 50 millones de euros; aunque posteriormente irá bajando el listón a 20 millones, y, en una tercera fase, se controlarán los patrimonios de más de 10 millones.

En su argumentación, Ciudadanos y PP recogen las recomendaciones de la OCDE en este sentido y la supervisión a los UHWI que se aplica en Australia.

Sicav

Aunque la medida ha causado la lógica preocupación en los asesores de patrimonios y family offices, podría traer un aspecto positivo: Limitar las acciones contra las Sicav de las que se viene hablando desde las pasadas elecciones.

Mientras que la oposición de partidos de izquierda aboga por una supresión de este instrumento, PP y Ciudadanos podrían considerar suficiente algunos retoques en la regulación de las Sicav y la puesta en funcionamiento de la nueva Oficina de Control de Personas Físicas con Grandes Patrimonios, lo que mantendría en el mercado la figura de la Sicav.

 

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