Los clientes confían en los asesores financieros como fuente de información sobre inversiones ESG

Una reciente encuesta elaborada por Nordea AM en relación al Reglamento sobre Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, correspondiente a las siglas en inglés Sustainable Finance Disclosure Regulation) no deja lugar a dudas: los inversores confían casi unánimamente en los asesores financieros como principal fuente de información a la hora de incluir los activos ESG en sus carteras. 3 de cada 4 ahorradores afirman que sus asesores son la vía de acceso a información relevante sobre estos productos, sacando casi 20 puntos de diferencia a la segunda fuente de referencia, que es la normativa y regulación oficiales. Curiosamente, Internet y las redes sociales apenas son utilizados como base de conocimiento por parte del 45% de los inversores.

La conclusión es todavía más clara cuando los encuestados responden a cómo califican el nivel de conocimiento de su asesor en términos de inversiones sostenibles. El 97% asegura que estos profesionales poseen un expertise sobre los activos ESG alto o muy alto. Sin embargo, los ahorradores subrayan que los principales problemas para incrementar su portfolio de inversiones en productos sostenibles son, por este, la falta de recorrido histórico de estos activos, la carencia de información por parte de las entidades que los comercializan y la necesidad de que exista en el mercado una mayor oferta con la que poder comparar rentabilidades, comisiones y políticas de inversión.

2022, un año lleno de retos ESG para los asesores

Con la fecha marcada en rojo de agosto de 2022, los asesores financieros certificados tienen muy presente que a partir de esa fecha entrarán en vigor una serie de cambios correspondientes a MiFID II relacionados con la sostenibilidad.

Desde ese momento, tanto los distribuidores de fondos como los propios asesores deberán ofrecer carteras ESG a sus clientes con preferencias por la sostenibilidad, bajo la premisa de que los fondos de inversión cumplan con alguno de estos criterios: disponer de una proporción mínima de inversiones sostenibles, poseer una proporción mínima de inversiones alineadas con la taxonomía verde y establecer con los clientes las características y los riesgos derivados de la apuesta por la inversión sostenible.