Las sanciones de la CNMV por infracciones en la comercialización se convierten en habituales
En argumento habitual para justificar la crisis financiera que han vivido los bancos en los últimos años y que ha llevado a la desaparición de las cajas de ahorro es que la culpa está en que la Administración no controlaba lo suficiente la comercialización de productos financieros, lo que abrió la puerta a la venta de productos como las preferentes o subordinadas a clientes no adecuados para estos productos.
Desde hace dos años, comprobamos mes a mes cómo entre las sanciones que está imponiendo la CNMV a las entidades financiera figuran cada vez más y con mayor contundencia los asuntos relacionados con la comercialización o la intermediación de productos.
Los últimos ejemplos recientes son estas cuatro sanciones registradas en el BOE: La primera se impone a Caja Laboral (Laboral Kutxa) por importe de 150.000 euros “por incumplir las medidas destinadas a detectar, impedir y gestionar los conflictos de interés generados por la intermediación de operaciones por cuenta de clientes minoristas sobre dos emisiones de AFS de Eroski, mediante el case de operaciones entre clientes a precios significativamente alejados de su valor razonable entre el 16 de junio de 2010 y el 11 de julio de 2012”.
Las dos siguientes sanciones tienen como objetivo Bankinter y suman 4,1 millones de euros. En el primer caso, es una sanción de 4 millones por infracción muy grave al no realizar (o hacerlo inadecuadamente) el test de conveniencia a los clientes que contrataron permutas financieras sobre tipos de interés (Swap) entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de enero de 2009. A ella se suma otra sanción de 100.000 euros por incumplir sus obligaciones de evaluación de la conveniencia en operaciones de compra de clientes minoristas sobre instrumentos financieros complejos, en este caso, bonos estructurados.
No obstante, el banco ha recurrido ambas sanciones ante la Audiencia Nacional.
Por último, la Comisión ha impuesto varias sanciones, que suman 110.000 euros, a la gestora de inversión colectiva Neila Capital Partners y a su presidente, José Velasco, por dos infracciones muy graves y otras dos graves.
