La nueva ley hipotecaria llevará a 4 de cada 10 profesionales inmobiliarios a ser intermediarios financieros

La Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que entró en vigor el pasado 16 de junio, obliga a los profesionales inmobiliarios a elegir entre dos figuras profesionales: intermediario de crédito  (y, en este caso, decidir si presta asesoramiento, convirtiéndose en asesor de crédito, ACI, o no) o bien promotor de ventas. Para conocer cómo se distribuirá el trabajo de las agencias inmobiliarias en este ámbito, UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, y Deloitte Legal han elaborado una encuesta, que recoge la opinión de 500 profesionales, en la que se pone de manifiesto que casi 4 de cada diez profesionales será intermediario financiero (38%), mientras que un 36% se decantará por la figura del promotor de ventas.

El 36% de los inmobiliarios de nuestro país prefiere limitarse a ser promotor de ventas, es decir, a poner en contacto al cliente con la entidad financiera sin intermediar en la operación. Mientras que el 38% se decantará por la figura de Intermediario de Crédito Inmobiliario (ICI), lo que conlleva presentar y ofrecer el contrato de préstamo y realizar los trámites necesarios o celebrar los contratos en nombre del prestamista.

El 68% se registrará en el Banco de España

El 68% de los profesionales que se decanten por la figura de Intermediario de Crédito aseguran que se registrarán en el Banco de España, aspecto que demuestra su interés por dedicarse principalmente a la actividad financiera o bien contar con el respaldo reputacional de esta inscripción. Por el contrario, el 32% se inclinará por la actividad de financiación de manera accesoria y, por tanto, serán Intermediarios de Crédito Inmobiliario no registrados.

Entre los que eligen la figura de intermediario financiero, un 45% será asesor de crédito (ACI) para facilitarle únicamente asesoramiento en materia de financiación.

Según las estimaciones de UCI, desde el mes de julio, más de 70.000 profesionales de todo el país tendrán que recibir formación y pasar un examen presencial para adaptarse a la nueva Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario.

Consultados por las dudas que genera la entrada en vigor de la normativa, los profesionales destacan que el registro en el Banco de España, así como la obligación de inscribirse como intermediarios, los plazos de formación, la posibilidad de incurrir en sanciones y la posición elegida son las mayores incertidumbres para los inmobiliarios de nuestro país.