La industria financiera, dividida ante la posible llegada de un modelo de prohibición total de las retrocesiones

En apenas unos días (en concreto, se espera que sea el próximo 24 de mayo), la Comisión Europea publicará su propuesta legislativa para la futura estrategia de inversión minorista (Retail Investment Strategy, en su denominación original), que será clave en el tratamiento de las retrocesiones. Aunque no será hasta entonces cuando se conozca la posición oficial de esta institución, parece que se abogará por una solución intermedia todavía por definir con claridad entre el marco actual y la posición liderada por la Comisaria de Servicios Financieros de la UE, Mairead McGuinness, de formalizar una prohibición total de los incentivos.

Según distintas fuentes, la opinión mayoritaria en Bruselas es la de apostar por la prohibición de incentivos y de comisiones, pero solo en la comercialización de productos que se realice sin el debido asesoramiento financiero profesional y especializado. El objetivo del regulador es no afectar negativamente al asesoramiento independiente bajo la premisa de ofrecer la máxima protección y transparencia al inversor minorista.

Más transparencia para el inversor

McGuinness afirmó en su momento que los incentivos “pueden conducir a conflictos de interés que generan un efecto negativo en la calidad y en los precios de los productos”. Desde la industria financiera no parece existir un consenso claro,y hay diversas voces que se han manifestado en contra en reiteradas ocasiones de dicha posible prohibición, alegando que se podría provocar una brecha de asesoramiento para los inversores con un menor patrimonio en su haber, lo que podría llevarse a salirse del mercado por su aversión al riesgo.

Sin embargo, también existen expertos que se alinean con la postura de McGuinness. Es el caso de, por ejemplo, Antonio Banda, Ceo de Feelcapital, para quien es totalmente viable y deseable la implementación en España de un modelo basado en la prohibición total de las retrocesiones. A su juicio, con frecuencia “los bancos utilizan las retrocesiones como una forma de ocultar los gastos que cobran a los inversores en fondos”.

Esta forma de operar, “basada en el amplio desconocimiento en formación financiera de sus clientes”, obliga, según Banda, a que “se quiten por fin la careta y asuman la responsabilidad de que la gran parte de las malas rentabilidades de los fondos en España frente a su índice de referencia viene provocada por el abuso en las comisiones y la consiguiente retrocesión al comercializador del producto”.

Ofrecer distintas alternativas

La opinión de Banda no es la única en el sector, aunque sí, posiblemente, la más extrema. A mitad de camino, otros muchos especialistas ven que, aunque es viable un modelo de prohibición total de las retrocesiones, no es el más conveniente. Este es el caso de Guillermo Aranda, consejero delegado de atl Capital, quien afirma que “el modelo de retrocesiones lleva mucho tiempo implantado y ha ganado en transparencia, de tal manera que cualquier cliente que suscribe un fondo conoce de antemano la comisión de gestión y la retrocesión”.

Aranda indica, en este sentido que un importante número de entidades ya ofrecen en la actualidad la alternativa de retrocesiones o de clases limpias y pago explícito, normalmente con gestión discrecional para que el cliente elija, “por lo que tiene más opciones que si se prohibieran las retrocesiones”.

El Ceo de atl Capital señala, además, que en otros países en los que se ha implementado un modelo de prohibición total de las retrocesiones, como es el caso del Reino Unido, “la experiencia no parece ser muy positiva, sobre todo para los inversores más pequeños, a los que les has sido más complicado encontrar asesoramiento al incrementar las entidades el importe mínimo para acceder a este servicio”.

Evitar una brecha en el asesoramiento

Entre las voces que han mostrado con mayor vehemencia su radical oposición a una prohibición total de las retrocesiones se encuentran algunas de las de mayor peso en el sector, como son los casos de Inverco o de EFPA España.

Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, ha señalado que “el modelo de distribución actual ha permitido una razonable coexistencia de los distintos esquemas de prestación de servicios, dando lugar a la libertad de elección de los ahorradores tanto en el servicio a recibir, ya sea gestión discrecional, asesoramiento o comercialización, en los fondos a elegir en una oferta de más de 40.000 fondos y en la forma de pago de los servicios a recibir, ya sea implícito o explícito”.

Por parte de EFPA España, se indica que un modelo sin retrocesiones puede provocar que un número relevante de consumidores del sector financiero no tenga la posibilidad de acceder al asesoramiento profesional, lo que limita de manera relevante su capacidad para la toma de decisiones informadas sobre la gestión de su patrimonio. En esta línea, su delegado ejecutivo, Josep Soler, asegura que en un país como España, “es impensable que los inversores medianos y pequeños paguen por este servicio”.

Cabe recordar que hace algunas semanas el Grupo Parlamentario Plural, a través del diputado Ferran Bel i Accensi, presentó en el Congreso una proposición no de ley para la protección de los inversores minoristas a través del asesoramiento financiero en el marco de la Estrategia de Inversión Minorista de la Unión Europea (UE). Esta proposición, presentada a iniciativa de EFPA España, apuesta por mantener el modelo de asesoramiento de MiFID II y de regulación del cobro de retrocesiones.