La gran banca exige a Inverco un último esfuerzo de lobby para cambiar la norma que traspone MiFID II

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Por Miguel Ángel Valero

La transposición de la Directiva MiFid II está suponiendo un auténtico varapalo para la banca, apenas amortiguado por la victoria en las exigencias de formación de los empleados de las sucursales. El borrador del Real Decreto que el Ministerio de Economía ha puesto en consulta pública hasta el 18 de septiembre no recoge las grandes reivindicaciones de la banca, a través de la que se vende el 90% de los fondos de inversión en España, un producto que genera muchos ingresos por comisiones.

Casi dos de cada tres euros cobrados en la industria por comisiones, nada menos que 2.238 millones de euros en 2016, se los queda el vendedor, lo que durante los últimos años ha permitido una actividad con una alta rentabilidad frente al negocio tradicional de captar y prestar dinero, castigado por unos tipos de interés negativos.

Por eso, la gran banca exige a Inverco un último esfuerzo en su papel de lobby ante el Ministerio de Economía y Sostenibilidad durante la tramitación parlamentaria de la norma que debe entrar en vigor el 3 de enero de 2018.

En ese borrador no aparece el cuarto supuesto para cobrar retrocesiones que reclaman con insistencia tanto la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones como la Asociación Española de Banca (AEB). Además de ofrecer productos de terceros y asesoramiento sobre la oferta disponible, los bancos quieren seguir cobrando incentivos (técnicamente, retrocesiones) ya que argumentaban que sus infraestructuras son en sí mismas un servicio adicional para el cliente, además de ayudar a éste en la compra de un fondo.

La norma de Economía establece, en su artículo 48, que el cobro de incentivos sólo será posible cuando “está diseñado para elevar la calidad del servicio pertinente al cliente”. Para ello, debe generar “un beneficio tangible para el cliente”. La comisión solamente está justificada “por la provisión de un beneficio continuo al cliente en relación con un incentivo continuo”. Por lo tanto, los incentivos “no se considerarán aceptables” si la prestación es sesgada o distorsionada por culpa de las retrocesiones, la parte de la comisión que se queda el vendedor del producto.

El cobro de incentivos de terceros debe estar justificado por la prestación de alguno de los tres siguientes servicios adicionales:

1.-La provisión de asesoramiento no independiente sobre inversión, respecto a “una amplia gama de instrumentos financieros adecuados y el acceso a los mismos”

2.-La provisión de asesoramiento no independiente combinado con una oferta al cliente para evaluar anualmente los instrumentos en los que está invertido u otro servicio continuo como el asesoramiento sobre la asignación óptima propuesta para sus activos;

3.-la provisión de un acceso, “a un precio competitivo”, a una amplia gama de instrumentos financieros que “probablemente satisfagan las necesidades del cliente, que incluya un número apropiado de instrumentos de terceras partes proveedoras de productos que carezcan de vínculos estrechos con la empresa de inversión”, así como herramientas para ayudar al cliente en su decisión.

En los tres casos, los bancos tendrán que ofrecer productos de terceros para cobrar incentivos. Ni una sola línea sobre el cuarto supuesto reclamado por Inverco y por la AEB.

Lista cerrada de incentivos

También ha perdido la banca, e Inverco, el pulso con Economía por la lista abierta. A diferencia de la Directiva Delegada, el borrador de norma española propone una lista cerrada de supuestos de servicios de nivel superior que justifiquen los incentivos permitidos.

Todo esto se traduce en que cada banco deberá decidir entre ofrecer un servicio de asesoramiento no independiente con producto propio y con evaluación anual de la idoneidad o con un servicio continuo que sea de valor para el cliente, como el asesoramiento sobre la asignación óptima propuesta para sus activos o abrir su oferta a producto de terceros en régimen de comercialización con herramientas de valor añadido o provisión de información.

En Inverco, donde no quieren entrar en polémicas con la banca pero dejan muy claro que es una asociación que representa a todas las gestoras, remiten a las palabras de su presidente, Ángel Martínez-Aldama, sobre que, aunque el cuarto supuesto no se incluye en el borrador de Real Decreto, puede introducirse en la norma tras el proceso de audiencia pública. No incorporarlo “tendría serias consecuencias”, como el encarecimiento del servicio para el cliente, la reducción de la oferta de productos y una menor protección para los ahorradores, según el argumentario que reparte el presidente de Inverco siempre que puede.

El mensaje de Inverco es claro: se trata de un borrador, puede haber cambios en la tramitación de la norma. Primero en el propio Ministerio de Economía, cuando se transforme en anteproyecto de ley. Luego, durante la tramitación parlamentaria, tanto en el Congreso como en el Senado.

Y por eso la banca reclama a Inverco que eche el resto durante la fase clave de elaboración de la transposición de MiFid II.

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