La FEF pide que se aplique el principio “mismos riesgos, misma regulación” a las Fintech

La Fundación de Estudios Financieros (FEF) y Uría Menéndez han presentado el documento de trabajo que contiene las principales conclusiones y recomendaciones de los primeros debates que se han realizado dentro de la iniciativa La Banca en el Siglo XXI: retos y respuestas. El objetivo de este proyecto es analizar la situación en la que se encuentra el sector y hacer propuestas para mejorar la percepción que, de este sector, se tiene en la sociedad. El proyecto tiene previsto celebrar una serie de talleres sobre temas candentes que afectan a la banca de hoy y a su previsible evolución.

En los últimos años, una serie de tecnologías disruptivas se ha introducido en el día a día de ciudadanos, empresas y gobiernos. El sector financiero no es ajeno a esta tendencia y el uso de estas tecnologías ha aumentado de forma exponencial, generando cambios significativos e incluso nuevos modelos de negocio en el sector. Los primeros tres talleres se han realizado en el último año, con participación de entidades financieras, empresas prestadoras de servicios de tecnología, entidades FinTech y académicos, y se han dedicado a: (i) analizar el impacto del uso del big data y la inteligencia artificial en el sector financiero, (ii) el marco normativo de los negocios FinTech frente al aplicable a la banca tradicional y, (iii) las relaciones entre los distintos actores (i.e., banca tradicional versus entidades FinTech y BigTech) desde la perspectiva del Derecho de la competencia.

El uso de herramientas de big data y de inteligencia artificial genera grandes oportunidades y beneficios para las entidades financieras, que pueden mejorar sus procesos y negocios, pero también para los clientes y el mercado, que ven cómo se mejora la ciberseguridad del sector, la prevención del fraude o su satisfacción con productos y servicios cada vez más acordes con sus necesidades. Estas herramientas no están exentas de retos tanto jurídicos como éticos. En general, existe una tensión natural entre las tecnologías de uso intensivo de datos personales y el principio de minimización de datos previsto en la normativa de protección de datos. Por ello, la implantación de estas herramientas exige que las entidades financieras lleven a cabo una correcta gestión de riesgos y la aplicación de principios como el de proporcionalidad o el de responsabilidad activa que les permita no solo identificar y cumplir con los límites establecidos regulatoriamente sino también establecer límites de tipo ético al uso de estas tecnologías para proteger a sus propios clientes.

Por otro lado, la tecnología de los nuevos canales digitales junto con la pérdida de relevancia de las oficinas físicas o el masivo volumen de datos que atesoran las grandes compañías digitales, combinado con su enorme capacidad de análisis y extracción de valor de esos datos, amenazan el dominio de la banca sobre el negocio propiamente bancario. Existen además otros factores que no surgen de manera natural del nuevo entorno tecnológico y que perjudican de manera clara y evidente la capacidad competitiva de la banca frente a otros operadores que actúan en el entorno Fintech. Desigualdades especialmente gravosas dada la proliferación normativa que se ha desencadenado tras la crisis financiera, y que en parte se justifican en razones de supervisión prudencial para proteger la solvencia de las entidades, la estabilidad del sistema y los clientes.

El segundo taller se dedica al análisis de estas asimetrías normativas y a las propuestas que, en este momento, se están valorando por instituciones europeas e internacionales. Con carácter general, las aproximaciones legislativas que están sobre la mesa se rigen por el principio “mismos riesgos, misma regulación”. En línea con esta neutralidad legislativa, la demanda del sector bancario no es que las normas “bancarias” resulten de aplicación a las entidades FinTech si no prestan los mismos servicios que los bancos, sino adaptar esas normas para que se apliquen a las entidades de crédito únicamente en las actividades desarrolladas en ese ámbito, de tal modo que se garantice plenamente la competencia en el mercado en beneficio del cliente.

Finalmente, el tercer taller se ha centrado en el análisis, desde la perspectiva del Derecho de la Competencia, de las relaciones entre los denominados bancos incumbent y los nuevos actores. Cabe recordar que el sector financiero no ha estado tradicionalmente en el foco de las autoridades de defensa de la competencia, pero se está convirtiendo en una prioridad en un contexto post-crisis caracterizado por la consolidación de los mercados que lo integran, el desarrollo de nuevos mecanismos de supervisión y apoyo a la solvencia de los bancos y la digitalización de los modelos de negocio que surgen de la mano de nuevos entrantes como las FinTechs.

El creciente foco de las autoridades de defensa de la competencia se manifiesta especialmente en la conocida polémica sobre el acceso a los datos de clientes bancarios principalmente por parte de FinTechs. Estos nuevos entrantes suelen invocar las normas de defensa de la competencia como palanca para exigir el acceso a aquellos datos, argumentando que pretenden prestar servicios novedosos a los usuarios, como la agregación de información financiera.

Probablemente, la cuestión del acceso por parte de las FinTechs y BigTechs a los datos de clientes de las entidades bancarias es una de las principales problemáticas que ha originado la irrupción de la economía digital en el sector financiero, y que está siendo analizada tanto desde la perspectiva puramente regulatoria como desde la perspectiva de defensa de la competencia.