El Gobierno endurece las exigencias para operar como agente de sociedades y agencias de valores

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El borrador de Real Decreto que transpone MiFID II elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad no sólo prohíbe que las EAF (antiguas EAFI) tengan agentes, sino que también endurece las exigencias para operar como agente de una Entidad de Servicios de Inversión (ESI) con una batería de requerimientos muy detallados.

La mayor parte de estas medidas restrictivas se encuentran en la Disposición final cuarta, que modifica el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.

Las EAF no podrán tener agentes

Concretamente, las exigencias que introduce el borrador de Real Decreto se concentran el Capítulo IV, donde, por ejemplo, en el artículo 27.2 especifica claramente que “las empresas de asesoramiento financiero no podrán contratar agentes para el desempeño de sus funciones, ni ser agentes de otras empresas que presten servicios de inversión”.

Además, en el artículo 29, se prevé que la labor de agente de una empresa de servicios de inversión pueda desempeñarlo “cualquier persona física o jurídica”, pero establece algunas excepciones:

  1. a) Las personas físicas ligadas por una relación laboral a la propia entidad o a cualquier otra que preste servicios de inversión sobre los instrumentos previstos en el artículo 2 del texto refundido de la ley del mercado de valores.
  2. b) Las personas físicas o jurídicas que actúen como agentes de otra empresa de servicios de inversión o como agentes de entidades de crédito que presten servicios de inversión, salvo que ambas entidades pertenezcan al mismo grupo.

Y añade, en el punto 3 del mismo artículo, que “la actuación como agente de las personas jurídicas quedará condicionada a la compatibilidad de dicha actividad con su objeto social”.

Las entidades, responsables

Más adelante, en el artículo 30, el texto hace recaer sobre las entidades que nombren agentes la responsabilidad de que estos cumplan con la normativa:

  1. Las empresas de servicios de inversión que designen agentes serán responsables del cumplimiento por éstos de todas las normas de ordenación y disciplina del mercado de valores en los actos que realicen.
  2. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la ley del mercado de valores, las empresas de servicios de inversión deberán disponer de los medios necesarios para controlar de forma efectiva la actuación de sus agentes y hacer cumplir las normas y procedimientos internos de las entidades que les resulten aplicables. A tal fin, con anterioridad a la formalización del negocio jurídico de representación o apoderamiento, habrán de comprobar la suficiencia y adecuación de la organización administrativa y de los medios, de los procedimientos operativos, de control interno y contables y, en su caso, de los sistemas informáticos que vayan a utilizar aquéllos en el desarrollo ulterior de sus actuaciones. En el caso de que la representación vaya a otorgarse a una persona jurídica, las comprobaciones anteriores se extenderán a su situación económico-financiera. Las empresas de servicios de inversión condicionarán la contratación de los agentes a la comprobación satisfactoria de los aspectos mencionados en este párrafo.

De igual manera, las empresas de servicios de inversión impondrán a los agentes que sus actuaciones se realicen conforme a los procedimientos operativos, de control interno y contables que a tal efecto desarrollen las empresas a las que representan, en especial en lo referido a efectivo o instrumentos de pago, así como imponer la utilización de sistemas informáticos que aseguren una adecuada integración de los datos e informaciones entre los agentes y la empresa a la que representen. A estos efectos, los agentes habrán de permitir y colaborar en aquellas auditorías operativas, de procedimientos y control interno que sobre tales procedimientos y sistemas lleven a cabo las empresas a las que representan. Las empresas de servicios de inversión condicionarán en su caso el mantenimiento del negocio jurídico de representación o apoderamiento al cumplimiento por sus agentes de estas medidas.

Se prohíbe a las empresas de servicios de inversión que designen agentes el establecimiento de sistemas de remuneración escalonados vinculados a la venta multinivel.

  1. Sin perjuicio del correspondiente apoderamiento notarial inscrito en el Registro Mercantil en el que se detalle el alcance de la representación y su ámbito geográfico, el contrato privado de representación se celebrará por escrito y especificará, de forma exhaustiva, el ámbito de las operaciones y servicios en que podrá actuar el agente, el sistema de facturación, liquidación y cobro de los servicios de representación, y el régimen excepcional de las operaciones personales del agente, conforme lo previsto en los artículos 28 y 29 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva
  2. Toda entrega o recepción de fondos deberá realizarse directamente entre la empresa de servicios de inversión y el inversor, sin que los fondos puedan estar ni siquiera de manera transitoria en poder o en cuenta del representante. Se exceptúa la recepción o entrega de fondos mediante efectos nominativos, bien a favor de la empresa de servicios de inversión bien a favor del inversor, según corresponda.
  3. En ningún caso, los valores o instrumentos financieros de los clientes podrán ni siquiera transitoriamente, estar en poder o en depósito de los agentes, debiendo quedar depositados directamente a nombre de aquéllos.
  4. Los mandatos con poderes para una sola operación deberán formularse, igualmente, por escrito y detallarán, de forma específica, la operación singular de que se trate y todos los aspectos a que se refiere el apartado 3 anterior. Asimismo, deberá figurar la firma de aceptación del mandatario al poder recibido.

También se detallan las exigencias financieras para ejercer la actividad, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Así, el artículo 28.1 establece que las EAF personas jurídicas deben:

i) Un capital inicial de 50.000 euros; o

ii) Un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio de la Unión Europea, aval u otra garantía comparable para hacer frente a la responsabilidad por negligencia profesional en el ejercicio de su actividad profesional en toda la Unión Europea, con una cobertura mínima de 1.000.000 de euros por reclamación de daños, y un total de 1.500.000 de euros anuales para todas las reclamaciones.

iii) Una combinación de capital inicial y de seguro de responsabilidad civil profesional que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de los incisos i) e ii) anteriores.

En caso de transformación de otra entidad los recursos propios en el momento de la inscripción deberán alcanzar al menos la cuantía señalada en la letra i) anterior.

Por otra parte, el artículo 28.2 dice que “las empresas de asesoramiento financiero que sean personas físicas deberán cumplir lo dispuesto en el inciso ii) del apartado anterior”.

Datos del sector

Según, los datos de la CNMV, en España había registradas 41 agencias de valores en 2016, con unos activos totales de 169,38 millones de euros, aunque los datos generales presentan ciertas diferencias, puesto que incluyen las cifras de las agencias de valores que se han dado de baja a lo largo del ejercicio.  Los fondos propios globales (en balance, patrimonio neto) ascienden a 102,77 millones.

Por otra parte, hay 40 sociedades de valores inscritas en el registro de la CNMV, que suman unos activos totales de 3.852,44 millones de euros y unos fondos propios de 1.271,04 millones. En conjunto, el beneficio antes de impuestos del pasado ejercicio asciende a 182,21 millones cifra que resulta ligeramente superior si solo tenemos en cuenta a las empresas que integran el ranking ‘Top 20’, cuyos beneficios antes de impuestos se elevan a 185,47 millones.

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