Instituciones de Inversión Colectiva: Marco normativo y solución para una protección global

Por Sergio Carrascal, responsable de Líneas Financieras de Berkley España

La economía española en este 2019 está manteniéndose en una situación mejor que el resto de nuestros países vecinos de la zona euro, aunque todo indica que durante el segundo semestre el crecimiento se volverá a moderar como consecuencia del descenso en la inversión de las empresas debido a la situación macroeconómica actual: volatilidad de los mercados financieros, crisis del sectores de relevante importancia como el del automóvil, o la débil situación de economías como la italiana y la alemana, etc.

Todo esto afectará sin lugar a duda las Instituciones de Inversión Colectiva que juegan un papel fundamental en los mercados de capitales y en las economías de los países desarrollados. Estas instituciones, cuya forma jurídica puede ser de Fondo o de Sociedades de inversión y que tienen por objeto la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos, gestionaron en 2018 un patrimonio de 454 mil millones de euros, aumentando en junio de 2019 un 4.9%, y llegando a los 477 mil millones de euros. Las expectativas para este segundo semestre, debido al apreciable estancamiento del crecimiento económico, son que se acabe el año con un incremento del 4% con respecto a 2018, lo que supone, un patrimonio gestionado de unos 472 mil millones de euros en casi 15 millones de cuentas de partícipes.

Por otro lado, los fondos de inversión, registraron en la primera mitad de 2019 una rentabilidad positiva del 4.83%, la mejor rentabilidad histórica acumulada en un primer semestre.

La complejidad de este tipo de entidades hace que el órgano encomendado para el control y la supervisión de las Instituciones de Inversión colectiva (IIC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esté continuamente velando por la transparencia de los mercados de valores españoles y la correcta formación de precios, así como la protección de los inversores. 

Esta supervisión comienza desde la obtención de la referida autorización de la CNMV para operar como IIC, hasta el continuo control que garantice que se esté cumpliendo con la normativa aplicable vigente como los principios a la hora de invertir los fondos, bienes o derechos captados del público, entre los que cabe destacar los siguientes (art. 23 LIIC):

  • Liquidez: las IIC deben tener liquidez suficiente, según la naturaleza de la institución, del partícipe o accionista y de los activos en los que se invierta.
  • Diversificación del riesgo: las IIC deben limitar la concentración del riesgo de contrapartida de forma que se garantice la suficiente diversificación.
  • Transparencia: las IIC deben definir claramente su perfil de inversión, que deberá quedar reflejado en los instrumentos informativos mencionados anteriormente. De este principio de transparencia surgen las obligaciones especiales de información a los inversores.

Todo este marco normativo y regulador provoca que el gobierno de este tipo de Instituciones sea muy exigente para sus administradores y directivos, quienes asumen de forma personal e ilimitada los errores derivados de su gestión. La tipología de reclamación como consecuencia de la diligencia en su actuación es muy amplia, desde reclamaciones de accionistas, acreedores, empleados o las mencionadas autoridades de control. 

Es importante destacar que la complejidad técnica y la mencionada evolución en la regulación de los mercados con altos niveles de transparencia y cumplimientos normativos exigidos pueden dañar la reputación de este tipo de sociedades como consecuencia de errores y omisiones. 

Además, es de sobra conocido que las reclamaciones derivadas de la actividad profesional conllevan largas y costosas acciones judiciales y que, como consecuencia del entorno litigioso actual, cualquier asesor e incluso la propia IIC puede equivocarse en el desarrollo de su actividad y provocar que su asesoramiento no cumpla con lo esperado por parte del cliente.

Por último, mencionar que la infidelidad de empleados (se estipula que un 7% del total de los ingresos anuales de las compañías los pierden por robos de empleados) o fraude, pueden dañar seriamente la reputación y causar un perjuicio económico importante en las IIC; la implantación de nuevos sistemas informáticos, reducciones de plantilla, así como las reestructuraciones han incrementado la posibilidad de que se pueda cometer fraude dentro de estas instituciones. 

Desde Berkley España y nuestra experiencia como compañía aseguradora multinacional especialista en el aseguramiento de estas Instituciones de Inversión Colectiva, se ha creado una protección global de responsabilidad sobre lo anteriormente mencionado (cubriendo la responsabilidad laboral y profesional, las reclamaciones a la administración y dirección que afecta directamente al patrimonio de los mismos, y cubriendo el fraude e infidelidad de los empleados de estas instituciones).

Si quieres más información puedes contactar con el equipo de Líneas Financieras de Berkley España en rcdirectivos@wrberkley.com