¿En qué invirtieron las aseguradoras españolas en 2021?
La deuda pública y de empresas supuso el 72,2% de la cartera de inversiones del seguro español a diciembre de 2021, según ICEA.
Otros componentes relevantes de la cartera son las Instituciones de inversión colectiva, con un 12,7%; la Renta variable, con un 6,7% y el Efectivo y Depósitos, con el 6,0%; Si distinguimos entre Vida y No Vida, se aprecian diferencias: aunque la Deuda sigue siendo la principal opción, su peso supone un 76,3% en Vida y un 36,4% en No Vida.

Al igual que ocurre en la gestión de carteras en momentos de incertidumbre, el peso del efectivo y de los depósitos se sitúa en el 6%, un porcentaje que puede parecer elevado pero que contribuye a disponer de liquidez para acometer inversiones en las olas de volatilidad que se producen en contextos como el actual.
También llama la atención el peso de los activos más conservadores, como la deuda pública, a pesar de que la renta variable parece ir ganando terreno. Y es que en coyunturas marcadas por el aumento de la inflación (a la que se suma el bajo rédito que aporta la renta fija) la opción más plausible para, al menos, mantener el patrimonio es la de invertir en activos de renta variable.
Cambios en la inversión en 2022
Por otra parte, una encuesta de Goldman Sachs AM a directores financieros y de inversiones de más de 300 aseguradoras de todo el mundo afirma que durante 2022 estas compañías invertirán más en private equity y bonos verdes o de impacto, como fórmulas para poder buscar mayor rentabilidad y cubrirse del actual escenario de aumento de la inflación.
En concreto, un 44% de los encuestado dice que elevará durante este año su inversión en private equity, subiendo hasta el 53% en el caso de aseguradoras de América y Asia. Como segunda preferencia se sitúan los bonos verdes o de impacto, con un 42% de media, si bien en Europa, Oriente Medio y África esta media alcanza el 59%.
Aparte del private equity y los bonos sostenibles, las aseguradoras incrementarán su asignación al crédito corporativo (37%), deuda de infraestructuras (36%) e inmobiliario (31 %).