¿En qué ámbito MiFID II puede no cumplir las expectativas?

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Si atendemos al espíritu de la norma, hay un punto donde la aplicación de la directiva europea MiFID II puede haber visto muy limitado su alcance incluso antes de empezar. En su afán por incrementar la protección del inversor tras las diversas crisis vividas en el sector financiero durante los años pasados, la normativa se puso como uno de sus objetivos principales el incrementar la protección del cliente, dando especial relevancia al asesoramiento financiero.

Para lograr ese fin, establece importantes requisitos en cuanto a formación, certificación, transparencia y medidas para evitar conflictos de interés. Y es en este último ámbito donde la medida puede quedarse coja en nuestro país. Con MiFID II, se permite el asesoramiento no independiente, pero se pretendía impulsar el modelo de asesoramiento independiente, en el que el asesor no percibe retrocesiones de las entidades y cobra sus servicios directamente y con total transparencia al cliente; un sistema que garantiza la ausencia de conflictos de interés a la hora de recomendar una u otra inversión.

Pues bien, en el caso de España, optar por el modelo no independiente no solo permite continuar con una forma de trabajar similar a la que impera en la actualidad, sino que elegir la vía ‘independiente’ tiene un alto coste fiscal, según la regulación tributaria de nuestro país. Carlos García Ciriza, presidente de Aseafi, lo ponía de relieve en el Encuentro de Asesores Financieros organizado por Expansión: “Al final, por culpa de la penalización fiscal que sufre el cliente, “la mayoría del sector se ha decantado por el modelo no independiente, que resulta mucho más versátil”. Además, señala que la fórmula independiente tampoco aporta las ventajas que se preveían, pues, “en contra de lo que esperábamos, el acceso a las clases limpias no está siendo tan fácil para las EAFI, porque muchas gestoras consideran que el intermediario es el banco, que es quien realiza la ejecución”.

En la misma línea se pronunciaba Fernando Zunzunegui, coordinador de Regulación de EFPA España, quien afirma que “si existe una desventaja fiscal, ya no hay nada que pensar, la decisión está tomada”. No obstante, considera que en nuestro país “se han reforzado las garantías en la modalidad no independiente, exigiendo a las entidades que demuestren estar dando el servicio adecuado y obligando a comercializar también productos de terceros, lo que sería una confluencia con el asesoramiento independiente”.

Para Beatriz Alejandro, directora del Instituto BME, además de la fiscalidad, hay otras bazas que juegan a favor del modelo no independiente: “Es la salida más fácil para adaptarse a la directiva, porque es el más parecido al modelo de negocio actual. Además, mientras no haya una mayor cultura financiera, no creo que haya mucha demanda de asesoramiento independiente”.

Dónde y cuándo se notará más la nueva normativa

Los tres expertos coinciden en que aún no se están notando efectos significativos en el mercado, pues falta por transponer una buena parte de la directiva, pero aseguran que el cambio importante llegará el próximo mes de enero, cuando el cliente ya conozca el coste real del asesoramiento; eso hará que la apertura a productos de terceros sea un hecho generalizado en los bancos”, asegura Zunzunegui. Beatriz Alejandro coincide en la misma idea, pero apunta que “el cambio importante es que la arquitectura abierta llegará al cliente minorista, porque en banca privada ya existía”.

Por su parte, García Ciriza destaca que, en España, donde los clientes creían que el asesoramiento era gratis,  la transparencia sobre los costes va a tener efectos sobre los precios, que tenderán a ajustarse, y sobre el nivel de exigencia de los consumidores.

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