El agente financiero, ante el reto de beneficiarse de la nueva regulación europea… a pesar de todo

Recientemente, la Comisión Europea adoptó la nueva Retail Investment Package, con el principal objetivo de empoderar a los inversores minoristas para que “tomen decisiones de inversión que estén alineadas con sus necesidades y preferencias, asegurando que reciban un trato justo y estando debidamente protegidos”. Dentro del segmento del asesoramiento y la gestión de activos, el punto clave era conocer qué decisión se tomaba en relación a las retrocesiones que las gestoras ceden a los distribuidores que comercializan sus productos. Al final, mantener a grandes líneas el statu quo actual (al menos, durante los tres próximos años) fue considerado un triunfo por parte de parte de la industria, habida cuenta del posicionamiento que lideraba la comisaria Mairead Mcguinness, de prohibir por completo las retrocesiones, lo que hubiera significado un auténtico terremoto para el sector.

Sin embargo, la situación para la industria financiera “es muy preocupante”, como ha reconocido en un reciente encuentro organizado por Andbank Patricia Rodríguez, asesora de Mercados Financieros de la AEB. Y lo es porque, con independencia de lo que suceda en la próxima revisión normativa de este texto, lo que parece evidente es que «los incentivos no le gustan al regulador europeo». Es decir, que los expertos del sector apuestan porque más tarde o más temprano se prohibirán las retrocesiones, lo que, de acuerdo a Rodríguez, “obligará de nuevo a muchas entidades a cambiar su modelo de negocio, como ya tuvieron que hacer con la llegada de MiFID II, en ocasiones con un gran esfuerzo”.

La situación se agrava, además, por el hecho de que esta modificación se llevará a cabo a través de una Directiva, lo que hará que cada Estado miembro tenga un margen de legislación autónoma que dificultará la creación de un mercado único real. De hecho, para Rodríguez, el único motivo por el que ahora no se han prohibido por completo las retrocesiones es “porque la industria lleva varios años implementando cambios de gran calado, y la ventana del asesoramiento permite insuflarles algo de oxígeno”.

Oportunidad para el agente financiero

Por el momento, la nueva legislación permitirá seguir cobrando en el asesoramiento no independiente, siempre, eso sí, que se demuestre que se actúa en el mejor interés del cliente. Sin embargo, como advierte Gloria Hernández, socia de finReg360, “es muy llamativo que se subraye en el texto que se privilegie el producto más eficiente para el cliente desde el punto de vista del coste, sin tener en cuenta otros elementos que son claves a la hora de escoger un producto financiero, como la calidad del servicio que presta una entidad o su imagen de marca”.

Esta experta subraya que de la norma recientemente aparecida “el único párrafo que parece una victoria pírrica para el sector es aquel relativo a que los ingresos de las colocaciones y el aseguramiento no son incentivos”. De hecho, en su opinión, “la estrategia del regulador europeo ha sido muy inteligente, ya que ha llevado a la industria al asesoramiento, pero eliminando el asesoramiento por producto”. Desde la óptica de los agentes financieros, Hernández indica que hay que intentar leer el documento en términos positivos, ya que, por ejemplo, se ha modificado la definición de inversor profesional para hacerla más clara y eliminar cualquier posible laguna.

En esta línea, Josep Soler, delegado ejecutivo de EFPA España, también estima que hay valorar los elementos positivos que tiene la norma, ya que es una oportunidad para privilegiar la tarea de los agentes y de los asesores financieros. A su juicio, “las cosas no han acabado de funcionar desde la regulación de MiFID II”. En el caso de España, ha significa el billón de euros en depósitos que existen en la actualidad, lo que indica que “todavía hay que hacer mucho por la inversión de los particulares. Hay que procurar que los ahorros de la gente rindan de cara a pensar en la jubilación, porque, en estos momentos el rendimiento del ahorro de los españoles es muy bajo”.

Soler ha señalado, además, que “en los mercados sigue existiendo una asimetría informativa muy fuerte que no logramos disminuir. La gente sigue teniendo poca dedicación a sus finanzas y, en general, una escasa educación financiera”.  En su opinión, hubiera sido “un desastre” prohibir de golpe las retrocesiones porque hubiera destrozado la distribución sin ofrecer ninguna alternativa. Al final, a lo que se ha llegado es a “un acuerdo político para intentar contentar a todos aunque haya salido un pseudo bodrio”.

Contra la fijación de los precios

Los tres expertos han coincido en indicar que el nuevo texto “está intentando establecer un sistema de control de precios, lo que nos ha dejado sorprendidos”, en palabras de Patricia Rodríguez. Por su parte, Gloria Hernández complementa esta afirmación asegurando que “el sistema de price pricing que se pretende fijar está muy ligado a no haber prohibido por completo las retrocesiones, y será ciertamente complicado de implementar por completo”. Josep Soler, entre tanto, es más tajante al señalar que “los controles de precios nunca funcionan y este no va a funcionar”.

De hecho, este experto ha abogado por “incrementar la estrategia de educación financiera sobre la sociedad española”. En esta línea, Hernández indica que una de las barreras tradicionales a la entrada de inversores en el mundo financiero es la información a clientes. Por eso, apuesta porque “hay que seleccionar y explicar la información que se les da porque en general hay una sobreinformación. Los agentes tienen que contribuir a que el cliente pueda digerir esa información, y en ámbitos como este son una figura que sale reforzada de los recientes cambios legislativos”.