Economía escuchará las peticiones de los asesores, “pero el tema incentivos no se toca”

Por Miguel Ángel Valero

La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, asegura ante el Consejo General de Economistas, que ha presentado nada menos que 18 páginas de alegaciones al anteproyecto de Ley del Mercado de Valores, que analizará “con la máxima sensibilidad” todas las observaciones a la norma recogidas durante la consulta pública, que finalizó el 18 de septiembre, según declaró el pasado viernes en una jornada organizada en Madrid por el Consejo General de Economistas.

Pero, al mismo tiempo, deja muy claro que se busca reforzar la protección del pequeño inversor en la comercialización de productos financieros al evitar los conflictos de interés entre los clientes y las entidades. Por tanto, “se restringirá el cobro de incentivos” en la comercialización de productos financieros.

Todas las alegaciones al anteproyecto serán estudiadas por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía, y el texto final resultante de ese análisis será remitido al Consejo de Estado. Tras pasar de nuevo por el Consejo de Ministros, a la norma solamente le quedaría un trámite, el más complejo dada la situación política y la posición minoritaria del Gobierno en el Congreso de los Diputados: la tramitación parlamentaria.

La idea de Economía es que la nueva Ley del Mercado de Valores esté aprobada antes de final de año, ya que la Directiva MiFID II debe estar traspuesta a la legislación nacional de los Estados miembros al comenzar 2018.

Esas prisas parecen jugar en contra de la banca y de las gestoras, ya que sus peticiones para que se flexibilice la norma y se les permita captar una parte de las comisiones de gestión de los fondos que comercializa son rechazadas una y otra vez por el Ministerio de Economía. Nada de cuarto supuesto, pese a las insistentes demandas de Inverco y de la AEB, y tampoco que se abra la lista, abierta en la Directiva y cerrada en el anteproyecto español, para que las entidades puedan idear fórmulas alternativas para cobrar incentivos por la venta de fondos de inversión.

Economía ha rechazado también la petición de bancos y de gestoras retrasar la entrada en vigor de Mifid II al menos durante 6 meses. Aducen que la normativa, que incluye numerosas peculiaridades respecto a la Directiva aprobada en 2014, debía haberse traspuesta el 3 de julio, y que previsiblemente la norma nacional se aprobará en diciembre, de manera que el plazo de adaptación es mínimo.

La secretaria de Estado de Economía reconoce que, además de la reforma de la Ley del Mercado de Valores y la elaboración de su correspondiente reglamento, serán necesarios al menos siete decretos leyes para que la Directiva esté completamente adaptada. Pero el calendario no se toca: la Ley del Mercado de Valores debe estar aprobada antes de que finalice el año.