Claves del mercado de distribución minorista británico, ¿es realmente más equitativo que el español?

La Comisión Europea estudia eliminar las retrocesiones, lo que significaría de materializarse, en el caso del mercado financiero español, un cambio de enorme calado que podría poner en serio riesgo la viabilidad de algunas firmas, sobre todo, de las más pequeñas. Será en abril cuando la Comisión Europea publicará la Estrategia de Inversión Minorista, aunque en la mente de muchos están las palabras de la comisaria europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness, afirmando recientemente que “en el modelo basado en retrocesiones, a menudo se vende a los inversores minoristas productos que son más costosos que otras alternativas más baratas disponibles en el mercado”. McGuinness, al igual que otros altos cargos de Bruselas, son partidarios de extender en los Estados miembro el modelo de distribución minorista del Reino Unido, pero, ¿es realmente un modelo equitativo y transparente desde el punto de vista del inversor retail? ¿Mejoraría a largo plazo la situación de la industria de la gestión de activos en países como España?

Qué dice MiFID II

Desde un punto de vista jurídico, las retrocesiones son las comisiones que las gestoras pagan a las entidades comercializadoras o a los asesores financieros por recomendar a un inversor la contratación de un producto como un fondo de inversión. Con la entrada en vigor de MiFID II, se prohibió que los asesores financieros recibieran retrocesiones y, a su vez, se declararan independientes. Es decir, que se distinguió ya formalmente entre asesores independientes y no independientes. Desde entonces, si un sujeto se define como independiente, tiene completamente prohibido el cobro de retrocesiones, pero si es no independiente, podrá recibir retrocesiones siempre que se haga bajo un régimen de total transparencia con el cliente.

En la actualidad, el Reino Unido, Países Bajos y Suiza son los principales Estados europeos que han prohibido totalmente las retrocesiones, mientras que en otros como España sí están permitidas.

Reducir el ‘advice gap’

Hace algunos meses, vio la luz un estudio elaborado por la Comisión Europea en el que la conclusión era tajante: los productos que se comercializan en el Viejo Continente y en los que se pagan incentivos son alrededor de un 20% más caros para el inversores que los que aquellos que no los abonan. De este modo, saltaron las alarmas por parte de muchos parlamentarios comunitarios, que observaron que la aplicación de MiFID II no había traído consigo una mayor equiparación a todos los niveles de los inversores minoristas con los institucionales, sino más bien al contrario.

Sin embargo, este estudio pronto recibió críticas feroces por parte de voces de relevancia dentro de la industria financiera, dado que, por ejemplo, no había tenido en consideración y, por lo tanto, no se había recogido en esa diferencia de coste al asesoramiento independiente. Estos detractores son claros en sus explicaciones: un modelo sin retrocesiones puede terminar provocando una brecha de asesoramiento (más conocida técnicamente por su denominación en inglés, ‘advice gap’), en la que muchos inversores retail que precisen de asesoramiento financiero especializado no puedan recurrir a él debido a que, por su elevado coste, no se lo pueden permitir.

En esta línea se posiciona, por ejemplo, EFPA España, para quien un modelo sin retrocesiones puede provocar que un número relevante de consumidores del sector financiero no tenga la posibilidad de acceder al asesoramiento profesional, lo que limita de manera relevante su capacidad para la toma de decisiones informadas sobre la gestión de su patrimonio. Algo nada desdeñable en países como España, donde tanto la CNMV como el Banco de España llevan años promoviendo activamente la educación financiera debido a la imperiosa necesidad de muchas capas de la sociedad de formarse en esta materia. No en vano, hoy alrededor de un billón de euros se mantiene en cuentas corrientes y depósitos, a pesar del entorno de creciente inflación que devalúa el poder adquisitivo del ahorro que se encuentra parado.

Josep Soler, delegado ejecutivo de EFPA España, afirmaba hace algunas semanas que, en un país como España, “es impensable que los inversores medianos y pequeños paguen por este servicio”. Por su parte, otras voces de calado, como es el caso de Insurance Europe, ya han hecho llegar su posicionamiento a la Comisión Europea, a través de una carta en la que se pone en valor el asesoramiento profesional. “Dicho asesoramiento permite a los consumidores tomar decisiones de inversión efectivas, planificar su futuro y cumplir con sus preferencias de sostenibilidad. Por lo tanto, una prohibición de la comisión en toda la UE, limitaría el acceso de los consumidores al asesoramiento y perturbaría el mercado”.

El ‘ejemplo’ del Reino Unido

En el Reino Unido, no existen desde 2013 las comisiones (eliminadas por la regulación Retail Distribution Review, un año antes que en Países Bajos), sino algo así como una especie de tarifa plana por la prestación de servicios. La justificación de este modelo es el de eliminar cualquier susceptibilidad sobre que un profesional prefiere vender aquellos productos financieros que le son más jugosos económicamente hablando. Una de las ideas centrales en este sentido es la de la transparencia a la hora de comunicar al cliente cómo se lleva a cabo el cobro, y que este conozca con exactitud lo que paga y cómo lo paga.

Según datos oficiales, alrededor de tres millones de británicos cuentan con un asesor financiero a día de hoy, lo que supone menos del 6% de la población adulta del Reino Unido. El problema, como señalan distintos informes, es que muchos pequeños inversores creen que están siendo asesorados profesionalmente, cuando en realidad solo están recibiendo pequeñas orientaciones sobre la gestión de sus carteras. Esa percepción equivocada de los ahorradores junto al elevado coste real del asesoramiento, ha provocado en el país isleño que el número de asesores financieros cualificados haya disminuido sensiblemente en los últimos años y que los que trabajan lo hagan principalmente para los inversores con un mayor patrimonio.

Por ello, EFPA Europe reitera que, a largo plazo, la prohibición de la retrocesiones incrementa la brecha de asesoramiento, “especialmente entre pequeños y medianos clientes, que quedan excluidos del acceso a asesoramiento financiero profesional, en comparación con clientes de un rango económico más elevado, aunque muchos sí que deseen contar con apoyo a la hora de tomar las mejores decisiones financieras”. Para conciliar ambas posiciones, esta entidad apuesta por establecer mecanismos para que los inversores minoristas tengan una información más clara sobre los costes del asesoramiento, incluidos los incentivos.

El debate, por el momento, sigue enconado en Bruselas. A la posición radical de la comisaria McGuinness se le opone otra liderada por eurodiputados como el alemán Markus Ferber, quien ha manifestado en diversos foros que “una prohibición total a los incentivos abriría una brecha en el acceso al asesoramiento financiero de personas con menor capacidad económica«, destacando de manera particular que eso es algo que ya ha ocurrido en el Reino Unido.

Qué dice el supervisor español

Poco antes de abandonar su cargo como presidente de la CNMV, Sebastián Albella afirmaba que “desde la CNMV pensamos que para que pueda haber retrocesiones tiene que haber una mejora evidente en los servicios y un mejor asesoramiento. Si en la revisión de la Directiva se optara por un régimen más prohibitivo y restrictivo, este debería aplicar tanto en la comercialización de productos financieros como en los englobados en los de seguros e inversión, es decir, en los Unit Links”.

Es decir, que abogaba por una posición a medio camino que su sucesor en el cargo, Rodrigo Buenaventura, parece haber adoptado. Aunque es un tema que parece no gustarle en exceso hablar, preguntado recientemente se limitó a señalar que “ambos modelos tienen ventajas e inconvenientes porque ninguno de los dos es perfecto”.

Un punto de vista que parece recoger el sentir mayoritario de la industria financiera en España, si bien en el debate que comenzará en unas semanas en Bruselas, la posición singular de un único país tendrá una importancia relativa. En este sentido, por ejemplo, cabe citar las palabras de Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, que concluye que “el modelo de distribución actual ha permitido una razonable coexistencia de los distintos esquemas de prestación de servicios, dando lugar a la libertad de elección de los ahorradores tanto en el servicio a recibir, ya sea gestión discrecional, asesoramiento o comercialización, en los fondos a elegir en una oferta de más de 40.000 fondos y en la forma de pago de los servicios a recibir, ya sea implícito o explícito”.