Bruselas exige a España que “aplique plenamente MiFID II” antes de dos meses

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El Consejo de Ministros aprobó el 29 de diciembre de 2017 un Real Decreto Ley de medidas para la trasposición parcial al derecho español de la Directiva Europea de Mercados e Instrumentos Financieros, MiFID II, una medida que la Comisión Europea considera insuficiente, ya que la semana pasada ha pedido a España que “aplique plenamente la revisión de la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (Directiva 2014/65/UE, MiFID II) en su marco nacional”.

Además, de a España, la Comisión también ha pedido a Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal y Rumanía que apliquen plenamente MiFID II, “en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios”.

La Comisión advierte que “si las medidas para incorporar plenamente estas Directiva no se notifican en el plazo de dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a estos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la UE”.

Bruselas recuerda que la Directiva, junto con un Reglamento (MiFIRReglamento (UE) n.º 600/2014), “fue adoptada en respuesta a la crisis financiera para que contribuyera a establecer unos mercados financieros de la UE más transparentes, competitivos e integrados a fin de conseguir que se negocie menos fuera de los mercados regulados, una mayor protección a los inversores y los consumidores y, en última instancia, que se incremente la estabilidad financiera. La Directiva armoniza el régimen regulador de la UE en lo que respecta a los requisitos organizativos para las empresas de servicios de inversión, los mercados regulados, los mercados de las pequeñas y medianas empresas y los servicios de suministro de datos. También se establecen normas de conducta armonizadas para los servicios de inversión, incluidos los incentivos, los requisitos de información y las normas de gobernanza de los productos. Aunque el plazo original fijado para la transposición de la Directiva se prorrogó durante un año, del 3 de julio de 2016 al 3 de julio de 2017, los Estados miembros mencionados no han incorporado las normas a su legislación nacional, o no las han incorporado plenamente”.

Normas prudenciales para empresas de inversión

Además, la Comisión pide a España que aplique las normas prudenciales de la UE para bancos y empresas de inversión, regulando plenamente la Directiva sobre requisitos de capital (Directiva 2013/36/UE). Junto con el Reglamento sobre requisitos de capital (Reglamento (UE) n.º 575/2013), la Directiva establece los requisitos prudenciales para las entidades de crédito y las empresas de inversión en la UE mediante la determinación de normas sobre el importe del capital que las entidades deben tener para cubrir las posibles pérdidas de los riesgos a los que están expuestas.

La Directiva también establece normas sobre la concesión de licencias y la supervisión de las entidades, la cooperación en materia de supervisión, la gestión de riesgos, el gobierno corporativo (incluida la remuneración) y los colchones de capital.

La Comisión indica que “los Estados miembros debían incorporar la Directiva al Derecho nacional a más tardar el 31 de diciembre de 2013. Hasta la fecha, España no ha aplicado plenamente estas normas de la UE y todavía faltan algunas disposiciones en el ordenamiento jurídico nacional. Estas disposiciones se refieren principalmente a las facultades de las autoridades competentes, las sanciones administrativas u otras medidas aplicables a las entidades declaradas responsables de una infracción grave en la lucha contra el blanqueo de capitales. También incluyen mecanismos de denuncia de infracciones y normas sobre la integridad y la independencia de los miembros del órgano de dirección. Si las medidas para incorporar plenamente la presente Directiva no se notifican en el plazo de dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE”.

Normas sobre fondos de inversión

De la misma manera, la Comisión ha pedido a España que adapte su legislación nacional a la legislación de la UE relativa a la Directiva sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (Directiva 2014/91/UE).

Recuerda que “los fondos OICVM son vehículos de inversión creados con el único objeto de reunir activos de inversores y a continuación reinvertirlos en un conjunto diversificado de activos. El objetivo de la Directiva es establecer normas comunes para el funcionamiento de los fondos OICVM en los Estados miembros. Por consiguiente, la falta de una aplicación adecuada de la Directiva mencionada podría disminuir la protección de los inversores en el mercado minorista de fondos de inversión. En particular, la Comisión pide a España que ponga en marcha disposiciones que aclaren las políticas de remuneración para los gestores de fondos OICVM y procedimientos relativos a las infracciones de las normas establecidas por la Directiva. Si las autoridades nacionales no presentan una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE”.

 

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