Análisis de una desregulación bancaria de la Administración Trump

Jesús Mardomingo, Profesor del IEB y Socio de Dentons

Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el sector financiero permanece aún expectante a conocer las medidas concretas que pueda disponer tras su anuncio preelectoral de “desmantelar” la denominada Ley Dodd-Frank de reforma financiera y de protección de los consumidores, una Ley que llegó a tildar de “extensa y compleja legislación que ha desatado cientos de nuevas reglas y varias nuevas agencias burocráticas”.

Ciertamente extensa, en materia de instrumentos financieros derivados sus más de 800 páginas supuso un profundo impacto regulatorio y, en particular, su título séptimo, modificó de forma sustancial la legislación de los derivados negociados extrabursátilmente u OTC (over the counter), con especial incidencia en los credit default swaps (CDS), señalados por una parte de la doctrina económica como uno de los causantes de la crisis.

La Ley, además, debe entenderse e interpretarse conjuntamente con las competencias asumidas por los organismos supervisores norteamericanos, especialmente la SEC (Securities and Exchange Commision) y la CFTC (Commodity Futures Trade Comission), con amplias competencias para regular los derivados OTC, armonizar la regulación de los futuros, y aumentar la supervisión de las actividades, incluida la competencia para imponer sanciones.

No obstante, su marcado carácter local, la Ley Dodd-Frank expresó su sensibilidad hacia la necesidad de obtener una regulación armonizada en materia de derivados con otros entornos económicos, especialmente el de la Unión Europea. Así, ambas jurisdicciones, han perseguido con los cambios normativos buscar un mercado de negociación oficial para aquellos derivados OTC que permitan su estandarización, al tiempo, que han intentado que la compensación, entendida como una parte esencial del proceso de contratación de un derivado, se produzca en entidades de contrapartida (central), reguladas y solventes, que reduzcan los riesgos de contraparte. Por último, y no menos importante, en aras de la eficacia se ha dispuesto la creación —en algunos casos, solo mejorado— infraestructuras post-negociación que permitan registrar todas la operaciones en derivados OTC.

Sea de una u otra manera, la crisis ha evidenciado que, en un entorno caracterizado por la rápida innovación financiera y por mercados financieros internacionales altamente integrados y operados por grandes entidades de ámbito multinacional, el principio de regulación y supervisión nacional está abocado al fracaso. Los pilares de un sistema financiero internacional viable y sostenible sólo pueden asentarse en marcos de regulación y supervisión nacionales, pero internacionalmente coordinados y en los que la supervisión macroprudencial debe recibir una atención adecuada.

En contra de las evidencias, dicen los estudiosos de la carrera política del Señor Trump, que su llegada al poder supone la derrota de la globalización financiera, con una clara tendencia a un capitalismo más regulado, donde el comercio de bienes tangibles y con valor de mano de obra agregada, desplace a la “dictadura” de los derivados financieros.

Transcurridas ya varias semanas desde que Trump juró el cargo, parece afianzarse la idea de que derogar la actual Ley Dodd-Frank supondría un enorme vacío legislativo, pero también empieza a observarse que la llegada del nuevo Presidente no impide una reforma de facto y una reformulación de la regulación mediante el nombramiento de personas afines a sus ideas en ciertos organismos y agencias clave responsables de los mercados financieros que, fundamentalmente, pudieran adoptar un enfoque más relajado de la supervisión con las consecuencias en el comportamiento de los mercados que ello conllevaría.

Ahora, más que nunca, conocer, estudiar y anticiparse a los factores políticos y regulatorios, se convierten en una exigencia de los profesionales de un sector que debiera huir del arbitraje normativo, y aproximarse, en consecuencia, a las directrices marcadas desde el año 2007 por, prácticamente, todos los legisladores y los supervisores del planeta en la necesaria globalización que exige la materia.