Una iniciativa promovida por EFPA España en el Congreso apuesta por mantener el modelo de cobro de retrocesiones

El Grupo Parlamentario Plural, a través del diputado Ferran Bel i Accensi, ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para la protección de los inversores minoristas a través del asesoramiento financiero en el marco de la Estrategia de Inversión Minorista de la Unión Europea (UE). Esta proposición, presentada a iniciativa de EFPA España, apuesta por mantener el modelo de asesoramiento de MiFID II y de regulación del cobro de retrocesiones. Tal y como se recoge en el documento, existe una evidente preocupación por el borrador de la Estrategia de Inversión Minorista (Retail Investment Strategy), que aboga por la prohibición de los incentivos y cuya propuesta definitiva se conocerá el 3 de mayo.

En la proposición se reconoce que “los asesores financieros constituyen un elemento clave para que los inversores minoristas puedan acceder a todo tipo de productos financieros” en condiciones de seguridad para satisfacer sus preferencias de sostenibilidad y mejorar la previsión privada para su jubilación. Además, se resalta su papel como “guardianes del sistema financiero”.

En relación al debate sobre la prohibición del cobro de los incentivos, que para la comisaria para los Servicios Financieros, la Estabilidad Financiera y los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness, se basa en la premisa de que el asesoramiento no independiente es, probablemente, un “mal asesoramiento”, la propuesta indica que esta modalidad de asesoramiento “sigue siendo la principal en el asesoramiento financiero”. Además, subraya el hecho de que “la prohibición de incentivos generaría una brecha de asesoramiento”. En el documento se destacan de manera específica lo ocurrido en el Reino Unido y en los Países Bajos, en los que “ha crecido el asesoramiento independiente, pero solamente para las grandes fortunas».

A juicio de la proposición, “este indeseable resultado de la prohibición de incentivos compromete los objetivos perseguidos por la Estrategia de Inversión Minorista y, en particular, la sostenibilidad de las inversiones”. Frente a este enfoque, se apuesta por “adoptar medidas que garanticen el acceso y la participación en el largo plazo de los inversores minoristas en los mercados de capitales, manteniendo el modelo de mercado abierto de MiFID II, basado en la transparencia y la prevención de conflictos de intereses a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos de inversión”.

En la proposición se asegura que hay que reforzar los requisitos de conocimientos y competencia, así como la exigencia a los asesores de un compromiso ético de actuar en el mejor interés del cliente. También se afirma que hay que lograr que “los asesores se comprometan a recomendar la mejor de las opciones disponibles en términos de relación calidad-precio”. La conclusión final es que “hay que mejorar la calidad del asesoramiento, garantizando que los asesores cumplan unos requisitos mínimos en términos de conocimiento y de competencia y reforzando su deber de diligencia”.