Una cuarta sentencia cuestiona de nuevo las causas de la intervención de Banco Madrid

Ya son cuatro las decisiones judiciales que cuestionan las causas que llevaron a la intervención de Banco Madrid en 2015, una entidad que operaba prioritariamente a través de agentes de banca privada. El diario El País ha tenido acceso a una sentencia del juzgado de Instrucción número 38 de Madrid que archiva una querella contra el consejo de administración de Banco Madrid, tras considerar que no solo no se acreditó ningún delito, sino que desde que dependía de Banca Privada d’Andorra (BPA), la entidad española reforzó más sus controles contra el blanqueo.

El juzgado se apoya en el testimonio de un perito del Sepblac, para acabar con la teoría de que la entidad era una organización dedicada al blanqueo. También hace referencia a que la Udef, la unidad de investigación del blanqueo de la Policía Judicial, abrió una investigación al comienzo del caso, «y hasta la fecha de hoy no ha dado ningún fruto», según la sentencia.

Se da la circunstancia de que fue la filtración del Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, entonces dirigido por Luis de Guindos, la que precipitó el final de Banco Madrid el 12 de marzo de 2015 al revelar las numerosas supuestas irregularidades de la entidad, como apuntó un escrito del Banco de España. Íñigo Fernández de Mesa, entonces secretario de Estado de Economía, fue interrogado en el Congreso por la razón por la el Sepblac hizo público, por primera vez en su historia, el citado informe, pero no respondió.

El propio Banco de España cuantificó en 159,2 millones la factura que pagarán los accionistas de Banco Madrid, principalmente la familia Cierco, dueña de BPA; también tuvo un gran coste para los casi 300 empleados y agentes de la entidad que perdieron sus puestos y sufrieron gran daño reputacional. Además, los clientes con más de 100.000 euros se vieron abocados a esperar un proceso de liquidación que, casi cuatro años después, sigue abierto, para recuperar todo su dinero.