Suecia apuesta por no prohibir las retrocesiones en la trasposición de MiFID II

El ministro sueco de Mercados Financieros y Asuntos del Consumidor, Per Bolund, rompe con la línea imperante en prácticamente toda la Unión Europea sobre el futuro de la distribución de productos financieros. Tal y como recoge en su web el medio investmenteurope.net, Bolund afirma que su gobierno va a proponer no prohibir las retrocesiones en la transposición de las directivas europeas MiFID II  e IDD (sobre Distribución de Seguros).

Parece que el ministro responsable de Finanzas de Suecia teme que la pretendida búsqueda de garantías para el consumidor que persiguen estas directivas tenga un efecto perverso y genere, en realidad, mayor desprotección para el cliente; en un escenario en el que se supriman las retrocesiones y sean los inversores quienes tengan que pagar directamente al asesor financiero, muchos pequeños y medianos ahorradores se quedarían sin recibir ningún tipo de asesoramiento.

Al valorar esta posibilidad, Bolund señala que el Ejecutivo sueco aspira a alcanzar «una solución equilibrada que permita el desarrollo de un buen asesoramiento a los clientes y que, al mismo tiempo, las familias que necesiten acudir a los servicios financieros puedan hacerlo de la mejor forma posible».

La noticia ha sido muy bien recibida por la Swedish Investment Fund Association (Asociación Sueca de Fondos de Inversión) que considera que esta decisión «significa el mantenimiento de  la competitividad y que los inversores continuarán teniendo acceso a una amplia gama de fondos de diferentes gestoras sin prescindir de asesoramiento».

La nueva legislación pretende regular la remuneración por parte de terceros (incluidas las retrocesiones) que puedan entrar en conflicto con los intereses del cliente. El objetivo es crear un marco que pueda aplicarse de manera uniforme entre todos aquellos que prestan asesoramiento financiero al consumidor y que se aplique no solo a los productos financieros sino también a los productos de ahorro basados en seguros, como los unit linked. De ahí que Bolund concluya que, si se trata de eliminar aquellas retribuciones que puedan suponer un conflicto con los intereses del consumidor, «el gobierno no va a introducir una prohibición general de las retrocesiones en esta primera etapa».