La CNMV podrá sancionar una incorrecta formación de las redes de distribución de las entidades

Los efectos de la MiFID II serán profundos y afectarán a todos los ámbitos de la distribución financiera. Por ejemplo, la CNMV podrá sancionar a las entidades cuyas redes de distribución no tengan la formación correcta, según declaró José Mª Marcos, subdirector de Entidades de la Comisión en unas jornadas sobre la futura normativa.  Según la CNMV, la MiFID II eleva las directrices de ESMA de 2014 a rango de Ley, de manera que su incumplimiento será sancionable, en aras de la protección del inversor y la estabilidad de los mercados, aunque Marcos matizó que la CNMV tiene facultades intermedias, no tan invasivas, para proteger al inversor, ya que la modificación de la Ley del Mercado de Valores obliga a las comercializadoras o prestadoras de servicios a incluir advertencias en la información que entregan a los inversores, como que un producto no resulta adecuado para minoristas por su complejidad, algo de lo que hasta ahora se ha hecho un uso muy limitado.

En la jornada, se constató que en los fondos españoles el 70% de la comisión de gestión la recibe el intermediario. Marcos advirtió que “el cliente no está dispuesto a pagar por el asesoramiento ni a pagar una comisión explícita, pero lo que no sabe es que ya la está pagando, lo que ocurre es que con el sistema actual no sabe qué comisión paga. Estas nuevas medidas de transparencia podrían ocasionar que disminuya el asesoramiento, una menor arquitectura abierta al comercializar fondos o que haya un flujo hacia los seguros si la normativa en éstos fuera más laxa”.

No obstante, cree que hay que diferenciar entre asesoramiento reconocido y no reconocido: “En teoría, sólo 550.000 inversores, del total de 9,5 millones, dice recibir asesoramiento, pero hay muchos casos en los que se produce un asesoramiento implícito no reconocido. Estos casos son los que podrían verse más afectados por las nuevas reglas”. Además, Marcos citó como probables tendencias “la aparición de plataformas de ejecución sin asesoramiento con menores costes; la evolución de las entidades al asesoramiento no independiente; la entrada deasesores robotizados con menos costes; o la opción de entidades de apostar por un asesoramiento de calidad y valor añadido que respete las nuevas normas”.