El asesor financiero deberá afrontar un pago de 250 euros por cada reclamación que reciba

Luz verde al proyecto de Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que será remitido ahora a las Cortes para su tramitación parlamentaria. A pesar de las críticas recibidas en los últimos meses tanto desde la industria financiera como desde el ámbito asegurador, la nueva Autoridad se financiará con el pago por las entidades financieras de una tasa de 250 euros que abonarán por cada reclamación admitida.

Esto significa que las entidades, físicas o jurídicas, que prestan servicios de asesoramiento y reciban una reclamación (las corredurías y los corredores en el caso del seguro), tendrán que afrontar el pago de 250 euros, unificando los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, CNMV y DGSFP. El objetivo es, según el Gobierno, que los usuarios financieros pueden presentar sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo que atienda sus reclamaciones de forma ágil y gratuita.

Con el fin de evitar abusos, la Autoridad podrá también imponer multas de hasta 500 euros en caso de inadmisión reiterada al mismo reclamante durante un periodo de un año presentando reclamaciones que resulten infundadas.

Además, se mantiene en el texto que las resoluciones se dictarán en un plazo no superior a 90 días naturales, teniendo carácter vinculante para las entidades financieras cuando las reclamaciones estén relacionadas con la normativa de conducta y protección a la clientela, o con cláusulas abusivas declaradas como tales por los altos tribunales y sean de una cuantía inferior a 20.000 euros.

En el caso de los agentes financieros, los responsables de pagar los 250 euros por cada reclamación serán las entidades para las que operan.

Volumen escaso de reclamaciones

Según la Memoria de Atención de Reclamaciones y Consultas de los Inversores de la CNMV correspondiente a 2021, apenas se presentaron en España 1.254 escritos formales susceptibles de considerarse una reclamación financiera. Tal y como se recogía en una noticia de elAsesorFinanciero.com de hace unas semanas, solo el 54,6% de estas reclamaciones obtuvo un informe favorable para las pretensiones del demandante. En 2020, el número de reclamaciones fue muy similar, totalizando las 1.242 incidencias.

Funcionamiento y estructura

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero estará adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, contará con autonomía e independencia funcional y se financiará, cuando su actividad esté en pleno funcionamiento, a través de las tasas recabadas por las reclamaciones admitidas. A nivel organizativo, contará con un presidente y un vicepresidente que serán nombrados por el Consejo de Ministros por un periodo de seis años no renovables.

La Autoridad se organizará en direcciones generales y secciones, que serán los órganos colegiados competentes para resolver las reclamaciones. Asimismo, se les dota a los vocales de un elevado grado de independencia. Además, para garantizar la homogeneidad de criterios en la resolución de las reclamaciones, se prevé la existencia de una cuestión de unificación de criterio que resolverá una Sección Especial.

Por último, la Autoridad contará con un Comité Consultivo, que será un órgano de asesoramiento y estará integrado por el presidente y el vicepresidente de la Autoridad, además de por doce miembros representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, las patronales del ámbito financiero y representantes de las comunidades y ciudades autónomas, así como por dos expertos independientes, del ámbito académico, con conocimientos en materia financiera.