Cristina Muñoz (Wealth Reader): La Comisión Europea impulsa la revolución financiera con la propuesta de Directiva PSD3
Por Cristina Muñoz, responsable legal de Wealth Reader
Durante el pasado mes de junio, la Comisión Europea publicó la propuesta de Directiva “PSD3”, sobre los cambios regulatorios que se producirán en el Open Banking, denominado a partir de ahora “Open Finance”. Esta propuesta se produce tras meses de trabajo estratégico para transformar el panorama financiero de la Unión Europea.
El cambio de visión, hacia el Open Finance refleja la ambición del mercado europeo de abrir el acceso a datos financieros globales, no limitándose únicamente a las cuentas de pago de los usuarios.
La nueva propuesta está dentro del programa de trabajo de la Comisión Europea para 2023 elaborado con el propósito de reforzar el sector financiero de la UE, mediante la aplicación de dos cuerpos normativos adicionales, el Reglamento de Servicios de Pago y el marco para el Acceso a Datos Financieros.
A continuación, en unas breves líneas, destacaremos lo más relevante de la propuesta de la Comisión y esbozaremos una pequeña guía para que las empresas que estén reguladas por PSD2 o estén dentro del marco Open Finance, conozcan los requisitos a los que se pueden exponer.
Ha sido el Comité de Control Reglamentario de la Comisión Europea, de forma proactiva, el encargado de realizar una evaluación de impacto denominada “Commission Staff Working Document Impact Assessment Report”, la cual ha sido una herramienta decisiva para subrayar los siguientes aspectos problemáticos que surgieron en el mercado de pagos de la UE con la entrada en vigor de la PSD2.
- Los consumidores siguen altamente expuestos al fraude y no hay confianza en los medios de pago digitales.
- Los objetivos que se marcaron con la PSD2 no se han cumplido.
- Las autoridades reguladoras y supervisoras de los Estados Miembro de la UE carecen de competencias y obligaciones coherentes.
- No hay igualdad de oportunidades entre los bancos y los proveedores de servicios de pago no bancarios.
De la mencionada evaluación de impacto que se ha realizado, la Comisión detalla de forma explícita en la propuesta de Directiva los objetivos detallados a continuación:
- (i) Reforzar la protección hacia los usuarios de los servicios de pago y la confianza en los servicios.
- (ii) Mejorar el cumplimiento de la normativa en cada Estado Miembro.
- (iii)Aumentar la competitividad de los servicios de pago, igualando las competencias de los bancos y los PSP no bancarios.
- (iv) Aumentar los campos de datos que los PSP pueden agregar de los usuarios, entrando a regular una agregación no financiera.
Estos objetivos promueven la transformación digital de las finanzas y la economía de la Unión Europea, con la finalidad de eliminar la fragmentación actual del mercado digital y subsanar las lagunas provocadas por la regulación previa.
Uno de los aspectos positivos de la nueva normativa es la simplificación administrativa, dado que, se ha actualizado y aclarado las disposiciones relativas a entidades de pago e integra a las antiguas entidades de dinero electrónico como una subcategoría más (derogando, en consecuencia, la segunda Directiva sobre dinero electrónico (2009/110/CE).
Ambas tendrán un mismo régimen de autorización y seguimiento, facilitando la aplicación tanto a los PSP como a las autoridades reguladoras de los mismos.
Como cabía esperar, las entidades de crédito mantendrán su independencia a esta regulación, rigiéndose por su propia normativa aplicable.
Es destacable e interesante poner en conocimiento que la propuesta de la Comisión para la nueva Directiva no supondrá un aumento de la vigilancia o de nuevas obligaciones específicas para los PSP que no estén actualmente reguladas en la PSD2.
En cuanto a las condiciones de autorización y control, la novedad es la introducción de un nuevo requisito para las entidades que tendrán que presentar un plan de liquidación junto con la solicitud. En esa línea, cabe destacar que los PISP y AISP pueden poseer capital inicial en lugar de un seguro de responsabilidad civil profesional. Esta medida favorecerá la competitividad en el mercado, dado que, se reducirán los costes de solicitud de autorización.
Se introduce la posibilidad de tener una cuenta de salvaguarda en un banco central, con el fin de ampliar las opciones de los proveedores de servicios de pago, con esta medida, se pretende evitar el riesgo de concentración de los fondos protegidos.
Las entidades reguladas y las que pretendan regularse tendrán como mínimo dos años para que esta nueva regulación se haga realidad.
En Wealth Reader, nos adelantamos al cambio, perteneciendo a la nueva era “PSD3” gracias a nuestra avanzada tecnología de agregación de activos y productos financieros de los consumidores. Destacamos por cumplir con los más altos estándares de seguridad que este sector exige, y por tener un equipo con más de 10 años de experiencia en el sector.
El futuro financiero de la Unión Europea y de todos los proveedores de servicios de pago es más prometedor que nunca con la nueva regulación.